Conferencia de prensa #18 | Adrian Ravier - 27.10.2026
In a Nutshell
El gobierno argentino reportó avances en infraestructura vial y energética con inversión privada, incluyendo la finalización de obras en la Ruta Nacional 5 y la puesta en marcha de la planta compresora Holditch en Patagonia. Se anunciaron ajustes en subsidios energéticos diferenciados por región y se detalló el ordenamiento de pensiones no contributivas por invalidez, con la suspensión de 21.812 casos por irregularidades detectadas. Los salarios reales continuaron recuperándose por encima de la inflación, mientras se defendió la libertad de expresión frente a críticas periodísticas y se reafirmó el apoyo a la reelección del presidente Milei.
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Buenos días, bienvenidos a cada uno de los argentinos.
Hoy la totalidad de esos más de 9.000 kilómetros ya están adjudicados. Este mes se finalizaron las obras de rehabilitación de la Ruta Nacional 5 en el tramo Pampa. Son 546 kilómetros entre Luján y Santa Rosa, uno de los principales corredores que unen la provincia de Buenos Aires con la provincia de la Pampa.
Estas obras estaban previstas para el primer año de concesión. La empresa tomó posesión del corredor en julio y el 9 de octubre ya se firmó el acta de finalización. Es decir, lo que debía hacerse en un año se hizo en poco más de tres meses. Un tiempo récord con inversión 100% privada.
Los trabajos incluyeron bacheo, fresado, sellado de fisuras y reparación de losas a lo largo de toda la traza. También se repararon las rotondas de Chivilcoy, Bragado y Pehuajó. Se reconstruyeron pasarelas peatonales, se colocaron barandas metálicas, se acondicionaron banquinas y se renovó la señalización.
Con esta finalización, la Red Federal de Concesiones ya suma casi 1.000 kilómetros de rutas nacionales rehabilitados. Esto es apenas el final. Es el comienzo de la rehabilitación de un sistema que alcanza a más de 9.000 kilómetros en 14 provincias.
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, tomó dos nuevas medidas para adecuar las bonificaciones de las tarifas de electricidad y gas a las necesidades de cada región del país. El objetivo es claro, que los subsidios energéticos lleguen a los hogares que realmente los necesitan, contemplando las diferencias climáticas que existen a lo largo de nuestro territorio sobre la base de criterios técnicos y objetivos.
En primer lugar, el Gobierno amplió los bloques de consumo eléctrico que pueden recibir bonificaciones en las provincias del norte argentino. A partir de esta medida, los hogares ubicados en las zonas muy cálidas contarán con un bloque de consumo bonificable de 500 kilovatios hora mensuales entre noviembre y abril. Los hogares de las zonas cálidas contarán con un bloque de 300 kilovatios hora durante todo el año, que se ampliará a 370 kilovatios hora en diciembre, enero y febrero. Esta decisión alcanza a más de 2.370.000 usuarios residenciales de 15 provincias.
En segundo lugar, el Gobierno reglamentó el nuevo régimen de zona fría para el gas natural. Los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargue y La Puna conservan una bonificación del 50% sobre el gas efectivamente consumido. Adicionalmente, los hogares de las subzonas más frías que están inscriptos en el régimen de subsidios energéticos focalizados y cumplan con los requisitos sociales o de ingresos establecidos accederán a una bonificación adicional del 20% sobre el precio del gas aplicable a los consumos base.
De esta manera, el Gobierno Nacional continúa avanzando en el ordenamiento del sistema de subsidios energéticos, reemplazando los criterios uniformes por un esquema que reconoce las necesidades concretas de cada región y de cada hogar.
Siguiendo con novedades vinculadas a la cartera de energía durante años, la falta de inversión en infraestructura en nuestro país impidió que miles de familias de la Patagonia pudieran conectarse a la red de gas natural. Ahora, con inversión privada y un esquema tarifario ordenado, las obras se terminan y los servicios pueden llegar a más argentinos.
El día de ayer se puso en funcionamiento la planta compresora Holditch, una obra fundamental para el abastecimiento de gas natural en la Patagonia. Una planta compresora permite aumentar la presión de gas que circula por los gasoductos para que pueda transportarse a mayores distancias y en mayores cantidades. Su puesta en marcha permitirá que 12.000 nuevos usuarios, que hasta ahora dependían de garrafas para calefaccionarse, puedan acceder al gas natural por red. Además, mejorará la seguridad y confiabilidad del servicio para los 120.000 usuarios actuales.
Con esta obra, la empresa Camusi completó la repotenciación del sistema cordillerano patagónico que abastece a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. Los trabajos incluyeron la construcción de dos nuevas plantas compresoras en Alto Río, Cenguer y Holditch, la ampliación de la planta de Gobernador Costa y la interconexión con el gasoducto General San Martín. La obra supuso una inversión privada de más de 61.800 millones de pesos, con financiamiento de los bancos del Chubut y del Neuquén y sin desembolsos del Tesoro Nacional.
En 2017, el Estado Nacional licitó el proyecto de ampliación del sistema cordillerano patagónico. En 2019 se terminaron las cañerías, pero quedaron pendientes las plantas compresoras necesarias para aumentar la capacidad de transporte. Entre 2019 y 2023, la obra estuvo paralizada con los compresores guardados en un predio de Santa Fe. Al mismo tiempo, el congelamiento tarifario dejó al sistema sin los recursos necesarios para invertir. La situación llegó a tal punto que en julio de 2022 hubo que restringir el acceso al gas natural a nuevos usuarios en toda la región para no poner en riesgo el suministro de quienes ya estaban conectados.
Esta experiencia demuestra que el congelamiento tarifario, lejos de proteger a los usuarios, terminó limitando el acceso de miles de familias a un servicio esencial. A partir de diciembre de 2023, el Gobierno Nacional, las provincias y la empresa Camusi trabajaron en conjunto para destrabar el proyecto. Se transfirió su ejecución a la distribuidora, se trasladaron los equipos que estaban sin usar y se amplió el proyecto original. La normalización del esquema tarifario permitió generar las condiciones necesarias para financiar las inversiones y finalizar los trabajos. De esta manera, una obra que había permanecido paralizada durante cuatro años se completó en menos de dos.
Este es el cambio de modelo que estamos impulsando. Un Estado que establece reglas claras, genera condiciones para la inversión y permite que las obras se concreten sin recurrir al financiamiento del Tesoro Nacional.
El uso político de los subsidios energéticos que acabamos de repasar tuvo las mismas consecuencias en el sistema eléctrico. El congelamiento de tarifas, el otorgamiento de subsidios directos a las empresas proveedoras y el uso de la emisión monetaria para financiar el crecimiento exponencial de los subsidios generaron un perjuicio doble.
Por un lado, entre 2003 y 2023, el Estado gastó cerca de 150.000 millones de dólares en subsidios energéticos que beneficiaron principalmente a quienes más energía consumen, que son los que más tienen. Por otro lado, desalentó la inversión en infraestructura energética. Como consecuencia, los ciudadanos tuvimos que soportar 17 veranos consecutivos con cortes de luz masivos y recurrentes, especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires, que entre 2012 y 2014, registró el récord histórico de cortes en frecuencia y duración.
Por eso elegimos otro camino. Subsidios focalizados en lugar de generalizados, orden fiscal y reglas claras para atraer la inversión que mejore el servicio.
En la conferencia del 11 de agosto pasado, se contaron los detalles del llamado a licitación por parte de la Secretaría de Energía para adjudicar la obra AMBA I. AMBA I es la primera de un total de 16 obras contempladas dentro del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico. El plan en su totalidad contempla inversiones por más de 6.600 millones de dólares y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas de 500 kilovoltios en todo el país.
Hoy se resalta que el directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la garantía de inversión de 200 millones de dólares, con un plazo de 25 años, para respaldar el plan. La garantía es un compromiso del BID de responder frente a ciertos riesgos previstos en el acuerdo, ofreciendo respaldo financiero. Este respaldo da mayor seguridad a las inversiones y facilita la llegada de capital privado a proyectos de largo plazo.
La garantía cubrirá los proyectos AMBA I y el corredor Puerto Madryn, Choele-Choel, Bahía Blanca. Se prevé que estas obras beneficien directamente a 16 millones de usuarios entre hogares y empresas al contribuir a un suministro eléctrico más confiable.
Este respaldo del BID se suma a las condiciones de previsibilidad y reglas claras que el Gobierno Nacional viene construyendo para atraer inversión privada a la infraestructura eléctrica.
Los salarios reales continúan recuperándose en la Argentina. Los ingresos de los trabajadores registrados volvieron a crecer por encima de la inflación en agosto, acumulando tres meses consecutivos de crecimiento. A su vez, en septiembre, tanto las jubilaciones como la Asignación Universal por Hijo registraron un incremento por encima de la inflación. Con este resultado, acumularon seis meses consecutivos de crecimiento y alcanzaron su nivel más alto desde julio del año pasado.
En la comparación contra diciembre de 2023, cuando asumió este Gobierno, la recuperación es todavía más significativa. Los salarios del sector privado registrado acumulan una mejora real del 10,4%, mientras que los del sector público crecieron un 0,8%. Por parte de las jubilaciones, aumentaron un 14,5% en términos reales y la Asignación Universal por Hijo registró una mejora del 110%. Además, los salarios del sector privado no registrados, con datos disponibles hasta marzo de 2026, acumularon un crecimiento real del 58% respecto de diciembre de 2023.
Hoy, con una inflación mensual que retoma el sendero a la baja, los salarios vuelven a ganar terreno.
Se han dicho muchas cosas falsas sobre la gestión del Gobierno Nacional en materia de salud. Los hechos muestran que estamos avanzando a un sistema que reconoce el valor de los profesionales que ponen el cuerpo en los hospitales, dándoles más libertad y quitando trabas que dificultan su trabajo.
La siguiente medida es un ejemplo de ello. Antes, los residentes del Hospital El Cruce, en Florencio Varela, estaban obligados a tener IOMA como obra social. A partir de ahora, los residentes van a poder elegir libremente su cobertura de salud. El cambio se da a partir de un convenio que el hospital firmó con la obra social Unión Personal. Con este acuerdo, los residentes van a tener acceso a un plan de cobertura médica financiado por el hospital, y si lo prefieren, también podrán elegir obra social o una prepaga.
Por último, los médicos de la Argentina van a tener la misma libertad sin ser obligados a contratar servicios que no eligieron y a realizar trámites y pagos innecesarios para ejercer su profesión. A pesar de los esfuerzos a nivel nacional, todavía hay regulaciones provinciales que les imponen costos adicionales. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay médicos que deben pagar más de 330.000 pesos por mes entre matrícula y caja previsional para poder ejercer su profesión además de aportar el 5% de sus honorarios profesionales. Ese dinero debería ser de cada médico. Además, los que trabajan como empleados de la administración provincial están obligados a afiliarse a la obra social estatal sin poder elegir otra obra social para derivar sus aportes.
Los gobiernos provinciales tienen la oportunidad de avanzar en la misma dirección que el gobierno nacional. Revisando las exigencias de matriculación duplicadas, la colegiación obligatoria y los aportes forzosos a las cajas profesionales. Se trata de eliminar trabas y costos innecesarios sin dejar de controlar que quienes ejercen la medicina estén debidamente habilitados. Queremos más libertad para los profesionales y menos obstáculos para que puedan dedicarse a lo más importante que es atender a sus pacientes.
Para el gobierno del presidente Milei, es prioritario asegurar que la asistencia social llegue en forma efectiva a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por eso, desde el comienzo de nuestra administración hemos fortalecido los planes y programas que van directo a las personas que más lo necesitan. Garantizar la transparencia y la sostenibilidad de los recursos destinados a la asistencia social es un eje fundamental de nuestra gestión.
En este sentido, seguimos avanzando en el ordenamiento del sistema de pensiones no contributivas. Vale la pena recordar que la pensión no contributiva por invalidez laboral es una prestación de carácter estrictamente asistencial para garantizar la protección social de personas que se encuentran imposibilitadas de trabajar y que carecen de recursos. También de medios de subsistencia. En otras palabras, el beneficio no se otorga por la sola existencia de una discapacidad ni por la tenencia del certificado único de discapacidad, sino en función de la imposibilidad de trabajar combinada con una situación de vulnerabilidad socioeconómica comprobada.
Contrario a este criterio, en los últimos 20 años observamos que el padrón de pensiones no contributivas por invalidez laboral ha experimentado un crecimiento exponencial. Entre el 2001 y el 2023, el padrón nacional se multiplicó por más de 15 veces, pasando de 75.947 a 1.221.971 pensiones no contributivas. En este período se destacan los 12 años del kirchnerismo en los que se incorporaron 978.247 pensiones no contributivas. Este proceso continuó su curva ascendente durante el gobierno de Alberto Fernández, alcanzando el máximo histórico de 1.221.971 pensiones liquidadas.
Esto llevó a que Argentina sea uno de los países con mayor porcentaje de pensionados por invalidez laboral en el mundo, similar a países que tuvieron o tienen guerras. Alcanzamos el 2,4% de pensionados respecto al total de la población, lo que es el doble que el promedio de Sudamérica.
En este marco, la Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso dejar sin efecto los restablecimientos cautelares y mantener la suspensión de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, respecto de las cuales no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos que justifiquen su continuidad bajo los parámetros vigentes. Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presentan una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa.
Las personas alcanzadas contarán con un plazo de 30 días hábiles administrativos para presentar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o aportar los antecedentes necesarios para revisar su situación. Estas presentaciones podrán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia y de las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, conforme al procedimiento que se establezca.
A través del análisis cruzado de las bases de datos oficiales se identificaron beneficiarios alcanzados por las suspensiones que registran bienes de elevado valor patrimonial potencialmente incompatibles con el carácter asistencial de estas prestaciones. Por dar ejemplos, hay 38 casos con dos o más vehículos a su nombre, 26 con dos o más inmuebles, 40 registran al menos una propiedad de más de una hectárea e incluso se detectó el caso de un beneficiario que figura como titular de un avión.
Por otro lado, el proceso de auditoría permitió identificar graves indicios de irregularidades en la documentación médica utilizada para respaldar el otorgamiento de estas pensiones. Uno de los casos más llamativos se registró en la provincia de Tucumán en los departamentos de Monteros y Trancas. Allí se analizaron 27 expedientes, de los cuales 26 contenían historias clínicas firmadas por un mismo profesional y con una estructura prácticamente idéntica. En 18 casos se trataba de fotocopias literales en las que únicamente se habían modificado a mano el nombre del paciente y la fecha. También se detectaron 24 radiografías de columna y cadera con los mismos diagnósticos y números de serie que sólo diferían en sus últimas dos cifras. A esto se suman 22 informes de laboratorio de un mismo centro bioquímico donde distintos pacientes presentaban resultados numéricos exactamente iguales en 9 de los 11 valores analizados. Estos hallazgos constituyen indicios de maniobras de falsificación documental.
Por último, cabe destacar que las suspensiones presentan una importante concentración geográfica. Solamente dos departamentos, General José de San Martín en Salta y General Güemes en Chaco concentran el 13% de las suspensiones previstas. En el departamento de General José de San Martín el 5% de la población percibe una pensión no contributiva por invalidez laboral. En General Güemes esa proporción alcanza el 22%. También destaca Trancas, Tucumán, con beneficiarios que superan el 18% de la población.
El Gobierno Nacional continuará trabajando para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos y brindar asistencia a las personas que realmente lo necesitan.
Finalizados los anuncios, pasamos a las preguntas.
Ariel Rodríguez de Cadena 3 preguntó: Una precisión antes de las preguntas en función de lo que usted estaba señalando recién sobre las falsificaciones de los certificados de discapacidad. ¿Constituye una estafa? Al Estado. ¿Cuántas denuncias presentó o denuncias penales presentó el Estado por estos casos?
Hasta ahora tengo la información que acabo de señalar. Seguramente seguirán tomando medidas. La realidad es que las pensiones no contributivas relacionadas con discapacidad han sido en gobiernos anteriores, herramientas políticas, y aquí hay un esfuerzo enorme de auditar estos procesos y, por supuesto, que habrá eventualmente consecuencias para todos aquellos que hayan generado algún tipo de fraude al Estado.
Fabián Wallman para FM de la Patriada preguntó por qué el gobierno sigue retrasando el reconocimiento de la derrota de Bolsonaro en las elecciones o el triunfo de Lula, dado que el partido liberal de Bolsonaro ya ha reconocido el propio triunfo de Lula. Y como segunda pregunta, si el presidente y el gobierno en general están en condiciones de darle asilo político a Flavio Bolsonaro.
Se tomó nota del resultado electoral de Brasil, por un lado. Respecto a Bolsonaro no hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar. ¿Qué significa que tomó nota? Que tomamos nota del resultado electoral que hubo en Brasil. ¿Cuándo fue electo? En 2023, cuando Javier Milei fue electo presidente. No hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada. Por lo menos por ahora no hay ningún comunicado que vayamos a realizar.
Fabián Wallman también preguntó si no corresponde un comunicado institucional de la Cancillería saludando o dándole la bienvenida a una nueva presidencia al titular del nuevo elegido por el pueblo brasileño, y respecto a la ley Malvinas, si hay algún condicionamiento de los Estados Unidos y cuándo se va a llevar adelante.
En relación con Brasil, ya respondí. En relación con Malvinas... No dijo si va a haber un comunicado oficial de la Cancillería reconociendo. ¿Va a haber un comunicado oficial, sí o no? No va a haber un comunicado oficial, que fue lo que le acabo de responder a su colega. En relación con Malvinas, ha habido una excelente reunión con el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, la reunión fue excelente, que muestra la muy buena relación que estamos teniendo en este momento entre la Argentina y los Estados Unidos, y no hubo ningún pedido respecto de modificar la ley de soberanía. La ley de soberanía entiendo que hoy entra en comisión, en diputados, es un tema que se va a estar debatiendo para tratar de llevarlo lo antes posible al recinto. No es cierto que esta ley esté paralizada, sigue siendo prioridad para nosotros, para este gobierno, que la ley de soberanía se apruebe, porque las Malvinas son argentinas y necesitamos defenderlas con esta ley. Sigue siendo prioridad, no está congelado el proyecto y va a ir lo antes posible al recinto para que se pueda aprobar, y volvemos a insistir, este es un tema no partidario, es un tema que nos comprende a todos los argentinos y consideramos que es fundamental que esa ley sea aprobada.
Jaime Rosso, Meridiano de la Nación preguntó sobre las declaraciones del presidente Javier Milei en la cena de la Fundación Faro, donde se refirió en términos muy duros a los periodistas que cubrieron el caso Libra y a distintos políticos, y habló de quemarlos en la hoguera, y si hay margen para alguna autocrítica por parte del gobierno.
Aprovecho para volver a lo que dije el día que me pude presentar ante ustedes en esta sala, señalando la diferencia que hay entre el periodismo y el pseudo periodismo. Javier Milei y este gobierno respeta la libertad de expresión, respeta al periodismo, al periodismo de verdad, el que trabaja con transparencia, con respeto hacia lo que comunica, con respeto a la verdad, a la búsqueda de la verdad, y distinguimos a esos periodistas de los que operan, de los que mienten, y de los que han usado, la causa libre para perjudicar la reputación y la imagen de nuestro presidente. El presidente cuando se expresó lo hizo con enojo. Un enojo, creo yo, justificado después de más de un año
Las palabras del presidente sobre periodistas no deben tomarse de manera literal, sino como una metáfora expresando enojo. El gobierno respeta la libertad de expresión y no ha tomado ninguna acción contra quienes piensan diferente. Se puede observar en medios, radio, televisión y redes sociales la cantidad de críticas que recibe el presidente sin que el gobierno haya tomado represalias.
En contraste, en períodos anteriores sí hubo sanciones, envíos de AFIP para auditorías a empresas, personas y analistas. Este gobierno nunca tomó represalias contra periodistas y se expresó con el enojo que genera una situación donde durante más de un año se mintió sistemáticamente, se operó en algunos casos de manera personal y desde medios de comunicación para perjudicar su imagen.
En relación con el fenómeno del Niño, las provincias tienen la responsabilidad principal, aunque el gobierno nacional ha realizado un enorme esfuerzo de coordinación entre carteras para responder y anticiparse a los efectos. Hay medidas de vialidad nacional, salud, seguridad y otras carteras trabajando de manera coordinada.
El gobierno ha coordinado acciones entre los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) porque el tema preocupa. El Niño tenía 100% de certeza de ocurrir y se trabajó para anticiparlo con procesos de información a la población, especialmente en el litoral donde se sabía que sería más problemático.
Se está analizando cuándo declarar emergencia en los lugares con más problemas de agua e inundaciones. Cuando la situación sea extrema, se declara emergencia y se actúa en consecuencia.
La justicia ya habló sobre el caso Libra y se hizo justicia. No hay nada más que agregar sobre los detalles de la causa. El presidente ha sido claro en que no tiene ningún tipo de responsabilidad.
La ausencia de Patricia Bullrich en la reunión de gabinete se debió a un problema personal mientras estaba en camino. No hubo reunión de mesa política. Bullrich es parte del gobierno, apoya la candidatura para la reelección del presidente Milei y trabaja para que sea reelecto.
Es parte fundamental del Senado para lograr el Congreso más reformista de la historia. Su esfuerzo ha sido fundamental para aprobar leyes a través del diálogo con aliados, a pesar de no tener mayoría simple.
Los liberales no son manada y puede haber diferencias sobre temas e incluso en las formas entre Milei y Bullrich, pero esto no representa un problema. Patricia Bullrich sigue siendo parte del gobierno y apoya la reelección del presidente Milei.
Argentina y Brasil son dos pueblos hermanos que comercian y trabajan dentro del Mercosur. Para el presidente Milei es más importante el pueblo, el comercio y las relaciones que las diferencias ideológicas entre mandatarios.
La diplomacia y las relaciones comerciales continúan dentro del Mercosur. Las personas y empresas de Argentina y Brasil pueden seguir comerciando con total normalidad. El presidente no es un hipócrita y hay una diferencia ideológica real entre los mandatarios, pero esto no afecta las relaciones comerciales.
El presidente habló con mucho enojo hacia quienes operaron y manipularon la información usando el caso Libra para ensuciar su buen nombre. Cuando una persona intachable y transparente que está transformando la Argentina, bajando la pobreza, indigencia e inflación, y recolocando al país en el mundo, es atacada por pseudo periodistas que operan, recibe el enojo.
No se puede tomar literal la frase polémica sobre la hoguera. Es la expresión de alguien que vio ensuciado su buen nombre y, ante las palabras de la justicia declarando su inocencia, atacó a quienes usaron la operación para ensuciarlo.
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