San Juan tiene más de la mitad de los proyectos RIGI de Argentina
In a Nutshell
San Juan concentra más de la mitad de los proyectos RIGI presentados en Argentina gracias a una estrategia provincial que facilita permisos y acompaña inversiones. El proyecto Vicuña podría generar exportaciones de 6-7 mil millones de dólares anuales en cobre, oro y plata, dejando alrededor de 200 millones de dólares anuales en regalías (3% de facturación) a la provincia. El RIGI actúa como acelerador de inversiones, pero su éxito depende de la receptividad de los gobiernos provinciales y la agilidad en la evaluación de permisos.
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La diferencia en producción de cobre entre Chile y Argentina se debe principalmente a cuestiones legales y regulatorias que han favorecido a Chile. La minería en Chile ha sido política de estado por décadas y cuenta con una licencia social muy fuerte y presente en todo el país. La licencia social se define como el acuerdo o percepción de la sociedad en su conjunto sobre los beneficios que genera la minería. En Argentina, el camino de esta licencia social ha sido más errático, aunque el apoyo que goza la minería argentina respecto a décadas atrás es mucho más grande.
Chile genera exportaciones por varias decenas de miles de millones de dólares al año, específicamente entre 60 y 70 mil millones de dólares anuales. Argentina, en cambio, exportaba hasta el año pasado 6 mil millones de dólares por año. Aunque no es exactamente la misma geología, los afloramientos de metales por diferentes betas volcánicas u otras fuentes están muy favorecidos en la cordillera y hasta se ven en superficie. Tanto Chile como Perú han explotado los recursos de la cordillera, lo cual indica claramente el potencial que tendría del lado argentino.
El RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) es condición necesaria pero no suficiente para equilibrar la cancha contra otras jurisdicciones latinoamericanas como Chile y Perú, donde invertir era mucho más competitivo que solo en Argentina. El RIGI trae a Argentina condiciones macroeconómicas que se cree que el país tiene el potencial de alcanzar más adelante, en algunos años y en un par de mandatos presidenciales, donde se mantenga superávit fiscal, las cuentas macroeconómicas estén ordenadas y se normalice el día a día de la macroeconomía y la política.
El RIGI funciona como un gran instrumento de aceleración de compromisos de inversiones privadas. Las inversiones se concretan solo si la geología y el recurso están presentes, si hay un gobierno provincial que emita los permisos, que tenga recursos humanos para evaluar, acompañar y facilitar la inversión privada. Si no encuentra eco en la autoridad provincial, el proyecto se va a otra jurisdicción. El tiempo de evaluación y otorgamiento de permisos es una variable fundamental en el éxito de los proyectos.
El éxito de los proyectos no depende solo del RIGI, sino también de que los gobernadores y provincias estén receptivos y alineados con entender el beneficio económico para las provincias. El gobierno de San Juan, el gobierno Orrego y su equipo tienen muy en claro el rol facilitador que puede tener el gobierno provincial a la hora de acelerar inversiones. Más de la mitad de los proyectos RIGI presentados están en San Juan, lo cual evidencia el éxito de su estrategia.
El proyecto Vicuña, ya funcionando en régimen normal, podría exportar fácilmente 7 mil millones de dólares por año en cobre, oro y plata, tomando precios conservadores de consenso. Con precios spot actuales, podría alcanzar 10 mil millones de dólares por año o más de un único proyecto. Siendo conservador y tomando los precios de consenso, el número está entre 6 mil y 7 mil millones de dólares dependiendo de cómo evolucionen esos precios.
La ley de inversiones mineras establece una regalía del 3% en San Juan, calculada sobre la facturación y pagada en boca de mina. La distribución es: 70% va a las arcas del tesoro de la provincia, 20% al municipio de Iglesia, y 10% a programas específicos del Ministerio de Minería de la provincia de San Juan. Por encima de esto, hay inversiones en infraestructura o inversiones sociales que la empresa puede comprometer y hacer en la provincia en acuerdo con el gobierno provincial.
De la facturación queda un monto considerable en la provincia en forma regular durante la vida operativa del proyecto. Solo en recursos fiscales le quedan aproximadamente 200 millones de dólares por año a la provincia. Esto se calcula contra la línea de facturación, no contra la línea de resultados, ya que posteriormente se paga impuesto a las ganancias sobre los resultados netos de todos los gastos.
El impacto de un proyecto como Vicuña es transformador para el futuro económico de San Juan. El impuesto a las ganancias depende de cada año, si se está construyendo o no, si se reinvierte en mayor obra, si se descubre más mineral y se extiende la vida útil de la mina, si se acelera o desacelera la producción, y el costo operativo unitario de cada momento. Aunque sería imprudente arriesgar una cifra específica, representa una contribución fiscal muy considerable para el Tesoro Nacional también.
De aquí al 2030 se traerán inversiones por 7.100 millones de dólares para la etapa uno solamente. Esto representa inversión extranjera directa y moneda dura que entra a las arcas del Banco Central. La minería tiene el mayor componente de inversión que queda en el territorio, no se usa para importar equipamiento internacional, lo cual fortalece y robustece las cuentas del balance exterior por la cuenta capital antes que por las cuentas de exportaciones.
La inyección de moneda dura y divisas que se darán en los próximos 3 a 4 años del proyecto Vicuña es muy importante, incluso antes del efecto de las exportaciones. Los economistas no están tan acostumbrados a mirar la cuenta capital y suelen dar la generación de divisas a través del balance comercial, pero la inyección de divisas en los próximos años es significativa antes incluso de las exportaciones.
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